El gobierno de la Comunidad de Madrid le hace una ley a medida a Eurovegas

El 27 de diciembre asistimos con indignación y vergüenza a la aprobación por mayoría absoluta de la última de las “leyes Eurovegas”. Se trata de la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas que acompaña los Presupuestos para 2013 de la Comunidad de Madrid. Además de avanzar en otras cuestiones como la privatización de la gestión de la sanidad madrileña, esta regulación introduce una serie de modificaciones en varias otras leyes para dar luz verde a la construcción del macrocomplejo Eurovegas.

Para empezar, inventa la figura de los “Centros Integrados de Desarrollo” (CID) con los que el Ejecutivo regional pretende atraer grandes proyectos a la Comunidad de Madrid y de los que solo existe un ejemplar a la vista: Eurovegas. Los CID son el disfraz que permite al gobierno otorgar incentivos a macroproyectos supuestamente generadores de inversión y empleo, incluidos los casinos, y construir un paraíso fiscal en Madrid. Desde la primera página de texto queda claro cuáles son sus objetivos y para quién es la ley: “La modificación de la tributación de casinos responde a la necesidad de adaptar la actual tributación de los casinos que operan en la Comunidad de Madrid al nuevo entorno, que pudiera existir con la entrada en funcionamiento de los Centros Integrados de Desarrollo.” O también: “La concepción tradicional del juego se ve así superada por la configuración física y operativa propia de los casinos de juego presentes en estos Centros Integrados de Desarrollo, lo que plantea situaciones y nuevos escenarios no contemplados por la normativa general vigente en materia de juego.” En efecto los CID gozarán de numerosos regalos, como bonificaciones en los impuestos por trabajador contratado, una bonificación anual para compra de material e inversiones para sus instalaciones y del 95% en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados­. Además, para este tipo de proyectos se rebaja el impuesto del juego a entre 10 y 20%.

Entre los demás cambios que afectan a la Ley del Juego de la Comunidad de Madrid, se precisa algo tan peligroso para fomentar el juego como para facilitar el blanqueo de capitales como que “Las empresas titulares de Casinos de Juego podrán conceder préstamos, créditos o cualquier otra modalidad equivalente de financiación a los jugadores.” En los casinos, las infracciones graves que se produzcan serán menos sancionadas ya que: “Las infracciones graves o muy graves podrán ser sancionadas con multas de cuantía inferior al mínimo fijado cuando por su entidad, trascendencia, naturaleza, ocasión o circunstancias se produzca una desproporción manifiesta entre la infracción cometida y la multa que le correspondería”. La nueva ley permitirá la edificación de rascacielos en estos complejos al señalar que “las limitaciones establecidas por la legislación de suelo de la Comunidad de Madrid relativas al régimen de alturas permitidas no serán de aplicación a las edificaciones del Centro Integrado de Desarrollo (CID)”. Mención aparte merece la modificación de la ley del suelo para permitir que la Comunidad de Madrid ceda terreno para la construcción de Eurovegas, saltándose con ello la planificación urbanística municipal y las recientes sentencias judiciales que han convertido los suelos de Alcorcón y Valdecarros donde se pretende ubicar el macrocomplejo en terrenos rurales.

Esta ley se ha desarrollado con secretismo para la ciudadanía pero no para el promotor de Eurovegas. Adelson se reunió el pasado 13 de diciembre en Madrid con el presidente del gobierno madrileño, Ignacio González. En esos días se estaban justamente tramitando los últimos cambios en el anteproyecto de Ley de Medidas Fiscales y Administrativas para 2013, siguiendo todas las exigencias de la empresa. A ello se refería seguramente el presidente de la Comunidad de Madrid cuando afirmó que en la reunión con Adelson se abordaron “todos los trabajos que se están haciendo” para concretar el proyecto. Las plataformas “Eurovegas No” y “Detengamos Eurovegas Alcorcón” denuncian una vez más la hipocresía del gobierno autonómico madrileño, que se permitióanunciar la próxima convocatoria de un concurso público y abierto, tal y como prevé la ley autonómica del juego, para “darle toda la transparencia necesaria al proyecto Eurovegas”, mientras sigue manteniendo reuniones sobre este proyecto con una única empresa.

Con esta ley de Medidas Fiscales continúa el proceso de modificaciones legales ad hoc que comenzó hace meses para acoger Eurovegas y que evidencia la supeditación de las administraciones a las grandes transnacionales y fortunas privadas. Así, hemos visto a lo largo del año cómo los gobiernos central, autonómico y local cedían una a una a todas las exigencias de la empresa promotora y le ponían una alfombra roja a Eurovegas. En este sentido cabe recordar que la Ley de Modificación de la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el año 2012 aprobada el 4 de julio, permitió que proyectos privados como Eurovegas pudieran ser considerados de interés regional, modificando la normativa sobre el suelo. Posteriormente, el pasado 27 de septiembre, a la vez que se publicaban los PGE, se anunciaba en el Congreso nacional la modificación de la Ley de Haciendas Locales, que supone aceptar las exenciones tributarias más importantes que pedía Las Vegas Sands: hasta un 95% de rebaja en impuestos como el IBI o el ICIO, sólo con que la administración local decida arbitrariamente que el proyecto es de “interés general”.

Los madrileños no tienen un gobierno y una Asamblea que legislan pensando en el interés general y en el desarrollo sostenible de la Comunidad de Madrid, sino un gobierno que gestiona los intereses privados de una minoría y una multinacional que dicta las leyes. Así lo expresó hace unas semanas el presidente de Las Vegas Sands Corp, Michael Leven: “nuestra operación en Madrid del Euro Vegas Strip continua. Nosotros seguimos reuniéndonos con el gobierno. Continúa la actividad en materia de ayudas e incentivos, en los ámbitos de licitación, adquisición de terrenos y también en la financiación. Las autoridades esperan que les presentemos nuestros planes con cierto grado de detalle a principios de enero. Será entonces también cuando nosotros tendremos más información sobre qué leyes son las que se van a aprobar a nuestro favor”.

Por estos motivos la Plataforma “Eurovegas No” denuncia que se adopten leyes en beneficio de los intereses privados de una minoría en lugar de a favor del interés general de la sociedad, y que dichas leyes se produzcan en connivencia con una empresa transnacional pero a espaldas de la ciudadanía.

Insistimos en la pregunta: ¿Quién gana con Eurovegas?
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Porque consideramos un ataque frontal a la ciudadanía todos estos privilegios para una iniciativa privada a la vez que pretenden desmantelar todo el sistema sanitario público madrileño. Porque una vez más las administraciones han evidenciado que apuestan por el enriquecimiento de unos pocos y evitan las políticas de desarrollo social que ayuden a salir de la crisis. Porque insisten en profundizar en el mismo modelo que nos ha arrastrado hasta aquí: convocamos el próximo 26 de Enero a una

Manifestación contra Eurovegas y contra las políticas privatizadoras del gobierno de la Comunidad de Madrid (18h, Atocha – Sol).

Más información:

Sol Sánchez, 629 57 40 95
María Fernández, 607 18 25 50
Ana Revuelta, 616 54 60 53

Manifestación contra Eurovegas 26 de enero

Especulación urbanística, mafia internacional, blanqueo de capitales, explotación laboral, fraude, impunidad, extorsión, desigualdad, corrupción…
Eurovegas representa todas las aberraciones de este sistema desigualitario e injusto contra el que luchamos.
Nos confunden con falsas promesas de puestos de trabajo precario, así quieren callarnos, después de dejarnos en las calles la única esperanza que nos dan es seguir apostando por el mismo modelo de desarrollo que nos trajo hasta aquí elevado a su máxima potencia.
No hay dinero para sanidad, educación, servicios sociales, investigación… pero sí para construir metro, carreteras, AVE o ampliar un aeropuerto para facilitar el acceso al casino.
Suben el IVA encareciendo productos básicos a los que muchas familias ya no pueden acceder, mientras a la gran empresa regentada por una de las mayores fortunas del mundo le eximen de pagar todos los impuestos.
Excusan privatizaciones de bienes esenciales como el agua, aludiendo a la escasez y el aumento del consumo, pero están dispuestos a que Eurovegas la derroche en fuentes espectaculares y campos de golf.
Rescatan a los bancos que bloquean el crédito a las familias y a las pequeñas y medianas empresas y desde esos mismos bancos pretenden financiar un proyecto megalómano.
Desahucian diariamente a familias incluso de las viviendas sociales y están dispuestos a ceder 1.000 hectáreas a la multinacional estadounidense.
Aplican el código penal a la ciudadanía que sale a la calle a reivindicar sus derechos, pero el corrupto Sheldon Adelson y su compañía podrán hacer trampa, extorsionar y blanquear capital con total impunidad.
Anuncian una ley de transparencia, pero cuando les pedimos información sobre las negociaciones y los impactos medioambientales, laborales, sociales o económicos de Eurovegas el silencio es su única respuesta.
Cuando la economía doméstica cae en picado su apuesta la centran en la industria del juego que no aportará nada a la población, sólo profundizará en la desigualdad.
POR TODO ESTO Y MUCHO MÁS, SAL A LA CALLE EL 26 DE ENERO
NO QUEREMOS EUROVEGAS
NO MÁS ENGAÑO
NO MÁS FRAUDE
NO MÁS DESIGUALDAD
MANIFESTACIÓN EUROVEGAS-NO, SÁBADO 26 DE ENERO 18H ATOCHA-SOL
Para más información escríbenos a: eurovegasno@gmail.com 

Ante los últimos cambios legislativos la Plataforma "Eurovegas No" publica su Informe sobre impacto económico-fiscal actualizado y concluye: ahora ya se puede afirmar que Las Vegas Sands dicta las leyes

La Plataforma “Eurovegas No” lanza una versión actualizada del informe económico-fiscal publicado el pasado mes de agosto, en la que tiene en cuenta las últimas modificaciones de ley llevadas a cabo por las Administraciones Públicas para cumplir con las condiciones impuestas por la empresa estadounidense. 

A finales del año pasado se hicieron públicas, a través de distintos medios de comunicación, las exigencias que pedía Las Vegas Sands (LVS) para poner en marcha el complejo de juego Eurovegas. Estas condiciones pasan por modificaciones de leyes fundamentales en materia fiscal, laboral y social.

Casi un año después asistimos atónitos a lo que entonces parecía inadmisible, los gobiernos central, autonómico y local están cediendo una a una a todas estas exigencias con el objetivo de recibir Eurovegas con una alfombra roja. En este sentido cabe recordar que la Ley de Modificación de la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el año 2012 aprobada el 4 de julio, permitió que proyectos privados como Eurovegas pudieran ser considerados de interés regional, modificando la normativa sobre el suelo. Posteriormente, el pasado 27 de septiembre, a la vez que se publicaban los PGE, se anunciaba en el Congreso la modificación de la Ley de Haciendas Locales, que como ya denunció la Plataforma “Eurovegas No”, supone aceptar las exenciones tributarias más importantes que pedía LVS: hasta un 95% de rebaja en impuestos como el IBI o el ICIO, sólo con que la administración local decida arbitrariamente que el proyecto es de “interés general”.

Estamos asistiendo, ni más ni menos, a un espectáculo intolerable: una multinacional dictando leyes básicas que afectan a la organización social de toda la población española. Tanto es así que a principios del pasado noviembre -un mes antes de las últimas modificaciones legislativas- el director general de LVS, Michael Leven, explicaba a los miembros del consejo:

En Europa, nuestra operación en Madrid del Euro Vegas Strip continua. Nosotros seguimos reuniéndonos con el gobierno. Continúa la actividad en materia de ayudas e incentivos, en los ámbitos de licitación, adquisición de terrenos y también en la financiación. Las autoridades esperan que les presentemos nuestros planes con cierto grado de detalle a principios de enero. Será entonces también cuando nosotros tendremos más información sobre qué leyes son las que se van a aprobar a nuestro favor

Por lo tanto, con los nuevos cambios legislativos que está tramitando la Comunidad de Madrid, el gobierno autonómico -en obligada connivencia con el central y local- está actuando como mero gestor de los intereses de esta transnacional, legislando en áreas que los ejecutivos de LVS conocen meses antes que los colectivos sociales y la ciudadanía madrileña.

No solamente se están cumpliendo nuestras previsiones sino que la realidad de los cambios propuestos y la retórica empleada por la Administración para justificar todos los atropellos económicos y legales supera -por surrealista- cualquier previsión posible. Por ejemplo, el establecimiento de una nueva figura legal, los Centros Integrados de Desarrollo, merece todo un título propio en el anteproyecto de la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad de Madrid, aunque no es más que un eufemismo para denominar a Eurovegas, y nos hace preguntarnos no sin cierto pánico: ¿que entienden exactamente las autoridades en la Comunidad de Madrid por “desarrollo”? 

Con la próxima Ley de Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad de Madrid para 2013 las exenciones sobrepasan todo cálculo: se rebaja la tributación sobre el juego a no más de un 10% (actualmente 45%), se bonifican con el 9% las inversiones efectuadas para la compra de material e inversiones inmobiliarias que formen parte del activo no corriente, se podrá aplicar una bonificación anual de 9.000€ por cada trabajador que integre la plantilla independientemente de que sea personal fijo o temporal, se aplicará una bonificación del 95% sobre la cuota que resulte por cualquier operación sujeta al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, por citar los cambios más importantes.

Tal y como se indica en la actualización del Informe Económico-Fiscal, teniendo tan solo en cuenta el impacto producido por la bonificación de la tasa sobre el juego (de 2.530 a 75.710 millones de euros en 10 años), del IBI (de 55 millones de euros en 10 años), de la bonificación del ICIO (de 216 a 252 millones), de la aportación de infraestructuras (alrededor de 2.000 millones de euros), sin haber valorado por falta de información otros beneficios fiscales (cotización a la Seguridad Social, IVA, Transferencia Patrimonio, financiación pública, etc.), el balance no parece muy positivo para las arcas públicas, que, mediante el Impuesto de Sociedades, podrían recaudar como máximo 3.102 millones de euros en 10 años.

Esto se agrava si, durante la evaluación del proyecto llevada a cabo en la primera fase (6 años), el proyecto no se considerase suficientemente rentable y se abandonara, con lo que el perjuicio económico sería aún mayor al haberse llevado a cabo las inversiones públicas en infraestructura y que dadas las deducciones por tasa de juego, IBI e ICIO, se dejarían de recaudar de 1.765 a 3.711 millones de euros.

La merma en los ingresos potenciales de las corporaciones locales se estaría produciendo en un contexto de fuerte recesión, con grandes problemas de financiación para las corporaciones locales y la obligación de cumplir unos objetivos de reducción de déficit difícilmente alcanzables en condiciones normales. Además, hay que recordar que  se trata de una inversión  cuya continuación no está garantizada más allá de una primera fase ya que depende de la situación económica y la obtención de una alta rentabilidad,  y cuyas cifras de creación de empleo han sido excesivamente infladas. Parece mentira que, basándose en vagas promesas, se establezca un marco que solamente beneficiará a los inversores, pero que no contribuirá al interés general de la ciudadanía, en un momento de severa crisis. Habría que extraer la experiencia de otros proyectos similares fallidos: Terra Mítica, Reino de Don Quijote, Los Monegros, Time Warner, Isla Mágica, etc. España necesita otro tipo de proyectos que generen empleo estable y digno, sostenibles ambientalmente y de interés social. 

Otra condición sin precedentes en nuestro país que plantea el proyecto es la posibilidad por parte de la empresa propietaria de los casinos de dar crédito a los jugadores y de condonar sanciones administrativas ante faltas “muy graves”, lo cual dará carta blanca a las prácticas corruptas más clásicas de los casinos: ruletas trucadas, coacción a jugadores…

Ahora sí que nuestros gobernantes han dejado claro que están dispuestos a acceder a cualquier requisito del millonario Sheldon Adelson; ahora más que nunca queda en evidencia que la empresa inversora es la que marca las reglas del juego y tiene poder para cambiar las leyes en su propio beneficio.

A partir de ahora, en la Comunidad de Madrid podemos afirmar sin miedo a equivocarnos que quien hace la ley, hace la trampa. 

Informe económico fiscal actualizado:
http://www.scribd.com/doc/116398286/Informe-economico-fiscal-sobre-Eurovegasactualizado

Para más información: 

Sol Sánchez: 629 57 40 95
María Fernández: 607 18 25 50
Jesús Bartolomé: 693 48 28 69

País Adelson, por Elvira Lindo

“A Sheldon Adelson le están construyendo un traje. Un traje a su medida. Fiscal y legal. Es una promesa de la expresidenta de la Comunidad de Madrid y del actual presidente. De tal forma, que el señor Adelson pueda constituir un país propio dentro del nuestro, un pequeña nación que quede exenta de las molestas normas que rigen todos los centros de ocio del resto del Estado. Había más países en Europa para que el señor Adelson pusiera el huevo, pero el empresario americano ha pensado, con buen criterio, que era en España donde con más celo le iban a cortar el traje para que le sentara como un guante. Sí, este gobierno que ha entrado en bucle con eso de que “hay que cumplir los objetivos de déficit” y que ya ni se plantea modificar nuestro fracasado sistema productivo se ha propuesto que los años venideros pasen a la historia como los del plan “Adelson”. Al menos en la Comunidad de Madrid.
El escritor Juan Sardá, en su novela Dinámica de los cuerpos eléctricos, inventó un futuro de pesadilla en el que los países habían perdido sus nombres históricos para asumir los de las grandes corporaciones, que eran quienes, al fin y al cabo, decidían el destino de sus habitantes. El futuro se acerca cada vez más atropelladamente a las alambicadas construcciones de la ciencia ficción y ya casi podemos afirmar que dentro de no mucho en las afueras de Madrid parte del territorio perteneciente a Alcorcón habrá mutado en el país de Adelson: en dicha ciudad sin ley las normas del tabaco regirán de manera distinta, el sistema de impuestos será benevolente con sus habitantes y el trato con sus visitantes y empleados será arbitrario, de tal forma que favorezca siempre al empresario.
Da miedo. Nos arrebatan el mundo delante de nuestras narices. No hay capacidad de intervención, pero ¿qué hace la oposición para que este extorsión se frene?”