Ante los últimos cambios legislativos la Plataforma "Eurovegas No" publica su Informe sobre impacto económico-fiscal actualizado y concluye: ahora ya se puede afirmar que Las Vegas Sands dicta las leyes

La Plataforma “Eurovegas No” lanza una versión actualizada del informe económico-fiscal publicado el pasado mes de agosto, en la que tiene en cuenta las últimas modificaciones de ley llevadas a cabo por las Administraciones Públicas para cumplir con las condiciones impuestas por la empresa estadounidense. 

A finales del año pasado se hicieron públicas, a través de distintos medios de comunicación, las exigencias que pedía Las Vegas Sands (LVS) para poner en marcha el complejo de juego Eurovegas. Estas condiciones pasan por modificaciones de leyes fundamentales en materia fiscal, laboral y social.

Casi un año después asistimos atónitos a lo que entonces parecía inadmisible, los gobiernos central, autonómico y local están cediendo una a una a todas estas exigencias con el objetivo de recibir Eurovegas con una alfombra roja. En este sentido cabe recordar que la Ley de Modificación de la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el año 2012 aprobada el 4 de julio, permitió que proyectos privados como Eurovegas pudieran ser considerados de interés regional, modificando la normativa sobre el suelo. Posteriormente, el pasado 27 de septiembre, a la vez que se publicaban los PGE, se anunciaba en el Congreso la modificación de la Ley de Haciendas Locales, que como ya denunció la Plataforma “Eurovegas No”, supone aceptar las exenciones tributarias más importantes que pedía LVS: hasta un 95% de rebaja en impuestos como el IBI o el ICIO, sólo con que la administración local decida arbitrariamente que el proyecto es de “interés general”.

Estamos asistiendo, ni más ni menos, a un espectáculo intolerable: una multinacional dictando leyes básicas que afectan a la organización social de toda la población española. Tanto es así que a principios del pasado noviembre -un mes antes de las últimas modificaciones legislativas- el director general de LVS, Michael Leven, explicaba a los miembros del consejo:

En Europa, nuestra operación en Madrid del Euro Vegas Strip continua. Nosotros seguimos reuniéndonos con el gobierno. Continúa la actividad en materia de ayudas e incentivos, en los ámbitos de licitación, adquisición de terrenos y también en la financiación. Las autoridades esperan que les presentemos nuestros planes con cierto grado de detalle a principios de enero. Será entonces también cuando nosotros tendremos más información sobre qué leyes son las que se van a aprobar a nuestro favor

Por lo tanto, con los nuevos cambios legislativos que está tramitando la Comunidad de Madrid, el gobierno autonómico -en obligada connivencia con el central y local- está actuando como mero gestor de los intereses de esta transnacional, legislando en áreas que los ejecutivos de LVS conocen meses antes que los colectivos sociales y la ciudadanía madrileña.

No solamente se están cumpliendo nuestras previsiones sino que la realidad de los cambios propuestos y la retórica empleada por la Administración para justificar todos los atropellos económicos y legales supera -por surrealista- cualquier previsión posible. Por ejemplo, el establecimiento de una nueva figura legal, los Centros Integrados de Desarrollo, merece todo un título propio en el anteproyecto de la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad de Madrid, aunque no es más que un eufemismo para denominar a Eurovegas, y nos hace preguntarnos no sin cierto pánico: ¿que entienden exactamente las autoridades en la Comunidad de Madrid por “desarrollo”? 

Con la próxima Ley de Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad de Madrid para 2013 las exenciones sobrepasan todo cálculo: se rebaja la tributación sobre el juego a no más de un 10% (actualmente 45%), se bonifican con el 9% las inversiones efectuadas para la compra de material e inversiones inmobiliarias que formen parte del activo no corriente, se podrá aplicar una bonificación anual de 9.000€ por cada trabajador que integre la plantilla independientemente de que sea personal fijo o temporal, se aplicará una bonificación del 95% sobre la cuota que resulte por cualquier operación sujeta al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, por citar los cambios más importantes.

Tal y como se indica en la actualización del Informe Económico-Fiscal, teniendo tan solo en cuenta el impacto producido por la bonificación de la tasa sobre el juego (de 2.530 a 75.710 millones de euros en 10 años), del IBI (de 55 millones de euros en 10 años), de la bonificación del ICIO (de 216 a 252 millones), de la aportación de infraestructuras (alrededor de 2.000 millones de euros), sin haber valorado por falta de información otros beneficios fiscales (cotización a la Seguridad Social, IVA, Transferencia Patrimonio, financiación pública, etc.), el balance no parece muy positivo para las arcas públicas, que, mediante el Impuesto de Sociedades, podrían recaudar como máximo 3.102 millones de euros en 10 años.

Esto se agrava si, durante la evaluación del proyecto llevada a cabo en la primera fase (6 años), el proyecto no se considerase suficientemente rentable y se abandonara, con lo que el perjuicio económico sería aún mayor al haberse llevado a cabo las inversiones públicas en infraestructura y que dadas las deducciones por tasa de juego, IBI e ICIO, se dejarían de recaudar de 1.765 a 3.711 millones de euros.

La merma en los ingresos potenciales de las corporaciones locales se estaría produciendo en un contexto de fuerte recesión, con grandes problemas de financiación para las corporaciones locales y la obligación de cumplir unos objetivos de reducción de déficit difícilmente alcanzables en condiciones normales. Además, hay que recordar que  se trata de una inversión  cuya continuación no está garantizada más allá de una primera fase ya que depende de la situación económica y la obtención de una alta rentabilidad,  y cuyas cifras de creación de empleo han sido excesivamente infladas. Parece mentira que, basándose en vagas promesas, se establezca un marco que solamente beneficiará a los inversores, pero que no contribuirá al interés general de la ciudadanía, en un momento de severa crisis. Habría que extraer la experiencia de otros proyectos similares fallidos: Terra Mítica, Reino de Don Quijote, Los Monegros, Time Warner, Isla Mágica, etc. España necesita otro tipo de proyectos que generen empleo estable y digno, sostenibles ambientalmente y de interés social. 

Otra condición sin precedentes en nuestro país que plantea el proyecto es la posibilidad por parte de la empresa propietaria de los casinos de dar crédito a los jugadores y de condonar sanciones administrativas ante faltas “muy graves”, lo cual dará carta blanca a las prácticas corruptas más clásicas de los casinos: ruletas trucadas, coacción a jugadores…

Ahora sí que nuestros gobernantes han dejado claro que están dispuestos a acceder a cualquier requisito del millonario Sheldon Adelson; ahora más que nunca queda en evidencia que la empresa inversora es la que marca las reglas del juego y tiene poder para cambiar las leyes en su propio beneficio.

A partir de ahora, en la Comunidad de Madrid podemos afirmar sin miedo a equivocarnos que quien hace la ley, hace la trampa. 

Informe económico fiscal actualizado:
http://www.scribd.com/doc/116398286/Informe-economico-fiscal-sobre-Eurovegasactualizado

Para más información: 

Sol Sánchez: 629 57 40 95
María Fernández: 607 18 25 50
Jesús Bartolomé: 693 48 28 69

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