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Corrupción legal o cómo le damos la bienvenida a Eurovegas
Ana Revuelta, Blog de Economistas Frente a la Crisis, 8/01/13
LA CORRUPCION LEGAL Y EL BLANQUEO DE POLITICAS
Hay una manera muy efectiva, casi infalible, de llevar a cabo prácticas corruptas y evitar posibles sanciones. La han estudiado prestigiosos expertos como el chileno Daniel Kaufmann, exdirector de gobernabilidad en el Banco Mundial y uno de los mejores especialistas mundiales en materia de corrupción. Él mismo le dio el nombre de “corrupción legal” a este fenómeno que también se conoce como “captura del Estado” o “blanqueo de políticas”.
¿En qué consiste? La corrupción legal se traduce típicamente en un intercambio de favores entre agentes del sector público y del sector privado en el que ambos ganan, y que se desarrolla sin infringir la ley vigente. El representante público abusa del poder que le confiere su función para otorgar algún tipo de beneficio al agente del sector privado, y a su vez este le recompensa con apoyo material o de otro tipo. Este planteamiento de lo que supone “corrupción” va por tanto más allá de la noción de soborno y del pago de comisiones ilegales. Se trata de una corrupción que podríamos llamar “de alto nivel”, caracterizada por influencias e intercambios en las relaciones de poder entre actor público y actor privado, que se prolonga en el tiempo. Además, los acuerdos resultan muy fáciles de concretar cuando el político tiene “conexiones” directas con el empresario y ambos utilizan esa relación para beneficio propio. Podríamos resumirlo en la fórmula: “hoy por ti, mañana por mí”.  Kaufmann y Vicente mencionan, por ejemplo, las aportaciones de dinero por parte de empresas para financiar a partidos políticos y campañas electorales a cambio de asegurarse que determinada legislación favorable a sus intereses sea aprobada tras las elecciones, o que el futuro partido gobernante les conceda contratos públicos de construcción y servicios. Un intercambio de estas características puede ser perfectamente legal en muchos países o al menos no proscrito de manera específica. A veces bordea la legalidad, con limitaciones difícilmente controlables como en la financiación privada de los partidos, o los agasajos a políticos por lobbies, que no están regulados en España y por tanto son prácticas que casi nunca se sancionan.
Sin embargo en ese intercambio de favores “win-win” entre dos agentes hay un tercero que pierde: el interés general o, en otras palabras, el conjunto de la población. Cuando se legisla para los intereses exclusivos de una minoría y con la motivación de conseguir algo a cambio, no se hace pensando en los beneficios y los impactos para la sociedad que entraña esa política. En los casos analizados por Kaufmann y otros, las empresas que influencian o “capturan” una política pública consiguen ventajas para sí mismas que claramente suponen costes sociales.
La corrupción legal implica un fallo del sistema democrático, en la medida en que desregula su función de asegurar que gobernantes y legisladores se ocupen del interés público y de la protección de todos los ciudadanos/as. Merece la pena recordar que la Constitución Española se fijó como principios rectores la voluntad de “establecer la justicia, la libertad y la seguridad y promover el bien de cuantos la integran” y “garantizar la convivencia democrática conforme a un orden económico y social justo”. Su artículo 9 afirma que los poderes públicos deben “facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social”. Y asimismo establece “la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.” Por su parte, el Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid recoge igualmente la importancia de “facilitar la más plena participación de los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social” con lo que “aspira a hacer realidad los principios de libertad, justicia e igualdad para todos los madrileños”.
Estos son los principios rectores de la actuación del gobierno y de la ley: el bienestar de todos y cada uno de los ciudadanos y el impulso a la transformación de la sociedad con cambios positivos, respondiendo a criterios de eficiencia en la asignación de los recursos. Pero la corrupción legal subvierte las instituciones, las aleja de su fin para focalizarlas en un objetivo privado y cortoplacista. En vez de generar dinámicas de innovación y cambio y asignar recursos de manera adecuada, la política se vicia, se convierte en gestora de intereses privados de un grupo, sin visión de conjunto.
Si hubiera más información sobre la toma de las decisiones políticas, la sanción natural a este tipo de corrupción sería que empeorase la reputación de políticos o empresarios, que se castigara votando a otros candidatos en las siguientes elecciones o incluso, en contextos extremos, la amenaza de la insumisión o la insurrección. Sin embargo, los ciudadanos no disponen de información suficiente para conocer las influencias y los entresijos del poder. Por ello Kaufmann y Vicente van más allá en su análisis y afirman que la falta de transparencia traduce la voluntad de los poderosos –en el sector privado y el gobierno- de esconder las prácticas corruptas a la población. Es lo que llaman “inversiones en barreras legales” y que consisten en desinformar, confundir a la población, reducir su horizonte de análisis para mermar las posibilidades de acción colectiva. Actuar al modo de un gángster que trata de borrar las huellas a su paso para que no puedan encontrarle. La inversión en barreras legales es tanto más necesaria, dicen Kaufmann y Vicente, cuando la rendición de cuentas pública es baja y la sociedad no es muy consciente del posible comportamiento corrupto de las élites. En tales contextos emerge la corrupción legal, porque a las élites les compensa gastar en barreras legales, confundir a la ciudadanía para reducir su capacidad de protesta.[i]
LEYES A MEDIDA Y SECRETISMO EN TORNO A EUROVEGAS
Lo que está ocurriendo desde hace meses en relación al caso “Eurovegas” constituye en nuestra opinión un caso de corrupción legal.la nueva legislación está claramente enfocada a permitir la construcción del macrocomplejo Eurovegas en Madrid. El colofón llegó el pasado 27 de diciembre, cuando en la Comunidad de Madrid se aprobó con mayoría absoluta la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas que acompaña a los Presupuestos para 2013. Y es que aparte de avanzar en otras cuestiones como la privatización de la gestión de la sanidad madrileña,
El artificio es la creación de los “Centros Integrados de Desarrollo” (CID) y de su régimen jurídico, que implica modificaciones de varias otras leyes. Los CID se refieren a macroproyectos de ocio y juego que el Ejecutivo regional pretende atraer como motor económico y de los que solo existe un ejemplar a la vista: Eurovegas. Aunque no se nombre Eurovegas, ni Las Vegas Sands, ni a Sheldon Adelson, desde la primera página de texto queda claro cuáles son sus objetivos y para quién se legisla: “La modificación de la tributación de casinos responde a la necesidad de adaptar la actual tributación de los casinos que operan en la Comunidad de Madrid al nuevo entorno, que pudiera existir con la entrada en funcionamiento de los Centros Integrados de Desarrollo.” O también: “La concepción tradicional del juego se ve así superada por la configuración física y operativa propia de los casinos de juego presentes en estos Centros Integrados de Desarrollo, lo que plantea situaciones y nuevos escenarios no contemplados por la normativa general vigente en materia de juego.” En efecto los CID serán recompensados, entre otras cosas, con descuentos sustanciales en los impuestos por cada trabajador que integre la plantilla, con una bonificación anual para compra de material e inversión en sus instalaciones y otra del 95% en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. Además, para los proyectos catalogados como CID se rebaja el impuesto del juego a entre 10 y 20%.
Entre los cambios que afectan a la Ley del Juego de la Comunidad de Madrid, se contempla algo tan peligroso para el fomento el juego y para facilitar el blanqueo de capitales como que “las empresas titulares de Casinos de Juego podrán conceder préstamos, créditos o cualquier otra modalidad equivalente de financiación a los jugadores.” En los casinos, las infracciones graves que se produzcan quedan abiertas a mayor arbitrariedad en las sanciones.[ii] La nueva ley prepara la edificación de rascacielos en estos complejos porque “las limitaciones establecidas por la legislación de suelo de la Comunidad de Madrid relativas al régimen de alturas permitidas no serán de aplicación”. Mención aparte merece la modificación de la ley del suelo para permitir que la Comunidad de Madrid ceda terreno para la construcción de Eurovegas, saltándose con ello la planificación urbanística municipal y la sentencia judicial que ha convertido en rústicos los terrenos de Alcorcón ofrecidos.
La ley de Medidas Fiscales viene a completar un proceso de modificaciones legales ad hoc que comenzó hace meses para acoger Eurovegas y que evidencia la supeditación del gobierno madrileño, con el beneplácito del nacional, a un polémico empresario de casinos que tiene varios juicios abiertos por corrupción. A lo largo de este año hemos conocido, a través de la prensa y a trompicones, cómo los gobiernos central, autonómico y locales se reunían con delegados de la empresa promotora de Eurovegas y qué exigencias planteaba ésta. Cabe recordar que ya a primeros de julio se dieron pasos en la Asamblea de Madrid para defender con el manto de la ley el supuesto interés regional de Eurovegas.[iii] Posteriormente, el 27 de septiembre se anunció en el Congreso, junto con los presupuestos generales del Estado, un cambio importante en la Ley de Haciendas Locales que supone aceptar las exenciones tributarias más importantes de Las Vegas Sands: hasta un 95% de rebaja en impuestos como el IBI o el ICIO, sólo con que la administración local decida que el proyecto es de “interés general”. La justificación oficial de todos estos cambios se ha limitado a la afirmación de que Eurovegas generará 260.000 empleos y traerá riqueza para la región. Una somera afirmación que la Plataforma Eurovegas No se ha preocupado de desmentir en informes muy argumentados.
Pero además, el otro aspecto que nos permite calificar de corrupción legal este proceso es la opacidad, o dicho de otro modo, la “inversión en barreras legales”. En efecto, el conjunto de modificaciones legales se ha desarrollado con secretismo para la ciudadanía pero no para el promotor de Eurovegas que ha seguido el proceso muy de cerca. La última reunión conocida entre Adelson y el presidente del gobierno de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, data del 13 de diciembre. En esos días se estaban justamente tramitando los últimos cambios en el anteproyecto de Ley de Medidas Fiscales, siguiendo todas las exigencias de la empresa. Pero se sabe que las reuniones han sido numerosas y durante meses entre diferentes enviados de Las Vegas Sands Corp y las autoridades madrileñas. Las plataformas ciudadanas “Eurovegas No” y “Detengamos Eurovegas Alcorcón” han denunciado por ello en repetidas ocasiones la hipocresía del gobierno autonómico, que se permitió anunciar la próxima convocatoria de un concurso público y abierto, tal y como prevé la ley autonómica del juego, para “darle toda la transparencia necesaria al proyecto Eurovegas” al tiempo que sigue negociando este proyecto con una única empresa.
La falta de información oficial y confiable sobre el proyectado gran complejo urbanístico de juego y ocio es notoria. Según la plataforma “Eurovegas No”, las administraciones públicas están violando normas españolas y europeas relativas al acceso a la información y la participación ciudadana. Su informe Eurovegas: El megaproyecto que apuesta por el secretismo, difundido a finales de mayo, da cuenta de la opacidad que caracteriza el proceso de negociación de Eurovegas, pese a la magnitud del proyecto y a que sus aspectos urbanísticos, económicos, medioambientales, sociales y fiscales supondrán un gran impacto para la ciudadanía. Como principales conclusiones, este informe destacaba que:
 » La Comunidad de Madrid no cumple su obligación legal de realizar y publicar una evaluación de impacto medioambiental del proyecto Eurovegas.
 » No ha sido publicado ningún estudio que demuestre el impacto positivo del proyecto sobre el empleo, como tampoco se ha informado a la ciudadanía sobre cuál sería el efecto sobre la deuda externa del país, o a cuánto ascendería el gasto en obras públicas e infraestructuras.
 » Se ha denegado en varias ocasiones a organizaciones ecologistas participar en los plenos del Ayuntamiento de Alcorcón e indagar sobre el impacto medioambiental de Eurovegas.
El estudio apuntaba también a posibles irregularidades al negociar con un inversor extranjero en torno a un proyecto que concierne al juego, un sector con normas específicas, como la de conceder licencias de casinos exclusivamente mediante concurso público y abierto, a empresas radicadas en el territorio español o europeo.
Siete meses después, las conclusiones de este informe siguen vigentes. Seguimos sin disponer de datos contrastables, de informes y de evaluaciones de impactos que avalen el proyecto.[iv]
Así pues, la ciudadanía carece de información fidedigna, imparcial, con la que poder evaluar un proyecto de la magnitud de Eurovegas. Envuelto en el relato de la supuesta creación de miles de empleo se construye ante nuestros ojos un paraíso fiscal ad hoc en Madrid. Esto nos conduce a concluir que, en lugar de representantes públicos que velen por el interés social y el desarrollo sostenible de la Comunidad de Madrid, que informen y que fomenten la reflexión pública sobre la conveniencia de un proyecto de estas características, nuestro gobierno se entrega al lobbying más directo, gestiona intereses comerciales de una empresa transnacional y se deja dictar leyes a espaldas de la ciudadanía. La sensación inequívoca que producen los Centros Integrados de Desarrollo o los proyectos de interés regional, la afirmación vacía de análisis sobre la creación de empleo, las reuniones a escondidas y las declaraciones categóricas, contradictorias y suministradas con cuentagotas, es que nos encontramos frente a una “inversión en barreras legales” que busca desinformar, confundir, menoscabar la acción colectiva de los ciudadanos. Un caso paradigmático de corrupción legal.
Fuentes principales:
Estudios de Daniel Kaufmann y Pedro Vicente, en particular:
Plataforma Eurovegas No: www.eurovegasno.blogspot.com

[i] Esto sucede según Kaufmann y Vicente en el “segundo” y en gran parte del “primer mundo”. Por contraste, en los países en desarrollo con gran desigualdad, bajos ingresos (e impunidad), la población no dispone de muchas “armas” y capacidad de organización por lo que la amenaza de insurrección se reduce, y la elite en el poder puede permitirse optar por la forma más barata de corrupción, la ilegal. Sin embargo, en ciertos países muy desarrollados como los nórdicos, la rendición de cuentas es alta, la población tiene un nivel de información y de conciencia de lo que ocurre alto y no hay nada que la elite pueda hacer para mantenerse el poder de manera corrupta porque la población se volvería insumisa o se sublevaría. Por tanto, es más difícil que haya corrupción incluso corrupción legal. Ver D. Kaufmann y P. Vicente,
http://siteresources.worldbank.org/INTWBIGOVANTCOR/Resources/Legal_Corruption.pdf
[ii] Ver Ley 8/2012, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas, Tít. IV, Cap. IV: “Las infracciones graves o muy graves podrán ser sancionadas con multas de cuantía inferior al mínimo fijado cuando por su entidad, trascendencia, naturaleza, ocasión o circunstancias se produzca una desproporción manifiesta entre la infracción cometida y la multa que le correspondería”.
[iii] Ver LEY 4/2012, de 4 de julio, de Modificación de la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el año 2012, y de medidas urgentes de racionalización del gasto público e impulso y agilización de la actividad económica, Tít. VI “Impulso y agilización de proyectos de interés económico regional”.
[iv] Hasta hoy, ninguna de las entidades públicas solicitadas ha contestado a las preguntas presentadas en registro oficial por la plataforma ciudadana “Eurovegas No” (ni el Ayuntamiento de Madrid, ni la Comunidad de Madrid, ni los Ministerios de Economía o de Industria, Energía y Turismo). Tampoco han recibido respuesta las solicitudes presentadas a través del sitio web www.tuderechoasaber.es. La Plataforma Eurovegas No ha interpuesto una queja ante el Defensor del Pueblo por la falta de acceso a la información.
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Elvira Lindo, El País, 5/12/2012
A Sheldon Adelson le están construyendo un traje. Un traje a su medida. Fiscal y legal. Es una promesa de la expresidenta de la Comunidad de Madrid y del actual presidente. De tal forma, que el señor Adelson pueda constituir un país propio dentro del nuestro, un pequeña nación que quede exenta de las molestas normas que rigen todos los centros de ocio del resto del Estado. Había más países en Europa para que el señor Adelson pusiera el huevo, pero el empresario americano ha pensado, con buen criterio, que era en España donde con más celo le iban a cortar el traje para que le sentara como un guante. Sí, este gobierno que ha entrado en bucle con eso de que “hay que cumplir los objetivos de déficit” y que ya ni se plantea modificar nuestro fracasado sistema productivo se ha propuesto que los años venideros pasen a la historia como los del plan “Adelson”. Al menos en la Comunidad de Madrid.
El escritor Juan Sardá, en su novela Dinámica de los cuerpos eléctricos, inventó un futuro de pesadilla en el que los países habían perdido sus nombres históricos para asumir los de las grandes corporaciones, que eran quienes, al fin y al cabo, decidían el destino de sus habitantes. El futuro se acerca cada vez más atropelladamente a las alambicadas construcciones de la ciencia ficción y ya casi podemos afirmar que dentro de no mucho en las afueras de Madrid parte del territorio perteneciente a Alcorcón habrá mutado en el país de Adelson: en dicha ciudad sin ley las normas del tabaco regirán de manera distinta, el sistema de impuestos será benevolente con sus habitantes y el trato con sus visitantes y empleados será arbitrario, de tal forma que favorezca siempre al empresario.
Da miedo. Nos arrebatan el mundo delante de nuestras narices. No hay capacidad de intervención, pero ¿qué hace la oposición para que este extorsión se frene?
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Eurovegas o las postales de una crisis  

Natalia Chaves Monroy y Rodrigo Fernández Miranda, Blog Albasud, 19/09/12 
Las Vegas Sands Corp. ha anunciado hace poco que el macro-proyecto Eurovegas se instalará en la Comunidad de Madrid. El artículo, elaborado por dos miembros de la Plataforma Eurovegas No, analiza las diferentes implicaciones de esta apuesta de carácter claramente especulativo.

Para comprender la iniciativa de Eurovegas es importante contextualizarla en el marco de la crisis social y económica que atraviesa la periferia de Europa en general y el Estado español en particular. Se trata de una crisis que se configura, entre otros aspectos, como una excusa para que los poderes públicos del Estado desplieguen una retórica que legitime una toma de decisiones políticas para profundizar y radicalizar un sistema económico ultraliberal y un modelo productivo que deja tras de sí desigualdades y un irreversible deterioro ambiental [1].

La “crisis” española no sólo está suponiendo situaciones sociales cada vez más dramáticas, una especulación financiera internacional voraz e indicadores macroeconómicos en progresivo deterioro. También esta palabra está ocupando un espacio cada vez más relevante en el imaginario social, una suerte de “shock” en la ciudadanía que la convierte en un pretexto omnipresente para avanzar y profundizar un modelo ultraliberal en el Estado español.

Por poner algunos ejemplos, este escenario se está perfilando como pretexto para relajar la legislación ambiental, la urbanística o la fiscal; para primar el laissez faire de los grandes capitales y minimizar el rol del Estado en la economía; para mermar los derechos sociales y desmantelar los servicios públicos; y también para lo que se conoce eufemísticamente como “flexibilizar” el mercado de trabajo, que no es otra cosa que un retroceso en los derechos laborales que se fueron conquistando en las últimas décadas. Es, en definitiva, un escenario que permite a los poderes públicos apostar en el territorio por negocios meramente especulativos que no generan riqueza, bajo la impronta cada vez más fuerte de los lobbies financieros y empresariales que desvían los procesos políticos en favor de sus intereses.

Eurovegas, proyecto queconllevaría un cambio profundo de la fisonomía de la economía, la sociedad, las relaciones laborales y el entorno local,supone también un ejemplo radical, aunque lamentablemente no el único, de que en tiempos de crisis el Estado español se está configurando como destino preferente de inversiones ávidas de absoluta libertad y de beneficio a cualquier precio; de la puesta en marcha de proyectos que dan clara cuenta del modelo de “desarrollo” al que las Administraciones Públicas pretenden apostar. Asistimos a un proceso de normalización y aceptación de políticas ultraliberales como doctrina única de “desarrollo” y como camino a transitar para salir de la crisis. En este sentido, la iniciativa de Eurovegas nos ayuda a ilustrar las postales de una crisis.

Postales económicas y fiscales: el dinero público, ¿para qué? ¿para quién?

Tras los años de “bonanza” llegó la época de la “austeridad”. Lo que se ha dado a llamar la “crisis de la deuda”, que viene afectando especialmente a los países periféricos de Europa, ha llevado a un recorte brutal en los Presupuestos Generales del Estado, aunque no por igual en todas sus partidas. Las más perjudicadas han sido la política social, la sanidad, la educación, la investigación, la cooperación al desarrollo, la dependencia y la igualdad.

Para legitimar este proceso de recortes, se ha instalado con fuerza el relato del despilfarro: “hemos vivido por encima de nuestras posibilidades”, repiten hasta la saciedad representantes políticos y grandes medios de comunicación. No obstante, frente a esta verdad instalada a través de técnicas puras de Goebbels, se debe tener en cuenta que de la deuda española que se generó en 2010 el 32% correspondía al sector financiero y otro 31% a las empresas, mayoritariamente del sector de la construcción. Es decir, una deuda heredada de la “burbuja inmobiliaria”. Asimismo, tanto el gasto público en protección social como el gasto público social español por habitante han sido durante los tiempos de “bonanza” muy inferiores a la media de la Unión Europea (UE), un 18% y un 20%, respectivamente (Eurostat, 2009).

De esta forma, se ha ido imponiendo este dogma neoliberal que apunta a que los problemas de la economía española derivan de tener un gasto público excesivo, a partir de lo que surgen unas políticas públicas de recortes, y se promueven reformas laborales que tienen como objetivo reducir los salarios, abaratar y facilitar los despidos y debilitar a las organizaciones sindicales. Sin embargo, no puede ignorarse el fuerte contenido ideológico que guía dónde se utiliza la tijera pública, y a quiénes afectan estos recortes.

Volviendo a Eurovegas, en uno de los informes publicados por la Plataforma Eurovegas NO, se pone en evidencia que sería necesario destinar gastos públicos milmillonarios para la construcción de las infraestructuras, principalmente de transporte (AVE, Metro, Carreteras, Renfe) para cumplir con las condiciones exigidas por Las Vegas Sands Corp. (LVSC). Por otra parte, en materia fiscal, la satisfacción de las exigencias de esta empresa transnacional supondría la violación del principio constitucional de equidad fiscal. En este informe se concluye que las bonificaciones y exenciones fiscales, además de otros beneficios como suelo e infraestructuras, “pueden contrarrestar los potenciales ingresos fiscales” provenientes del complejo. ¿Qué beneficio público supondrá entonces este megacomplejo? Como ya es bien conocido, en caso de salir adelante habrá beneficios únicamente para los inversores, y muy pocos o ninguno para las arcas públicas y la ciudadanía.

Este escenario se agravaría si durante la evaluación de la primera fase de este proyecto no se considerara suficientemente rentable y se abandonara. En este caso, el perjuicio económico sería mucho mayor, al haberse llevado a cabo inversiones públicas en infraestructuras (alrededor de 2.000 millones de euros según muestra el informe de la Plataforma ciudadana), deducciones por tasa de juego (como mínimo unos 870 millones) e Impuesto sobre Bienes Inmuebles (aproximadamente otros 35 millones de euros) habiéndose recaudado tan sólo 1.861 millones de euros. Es perfectamente imaginable a cargo de quiénes correrán los costes y las pérdidas.

Por otro lado, es importante también tener en cuenta que la puesta en marcha de Eurovegas permitiría y favorecería el lavado de dinero a gran escala, por ejemplo, a través del uso reiterado del sistema de Junkets, lo que propicia una completa opacidad y descontrol estatal en los flujos de dinero entre clientes, empresa y proveedores. Implementar este sistema en el Estado español es otra de las exigencias de LVSC.

Finalmente, es preciso hablar de la financiación del proyecto: LVSC ha anunciado que durante el primer tramo del proyecto sólo podría financiar “entre el 25 y el 35%” del total. El resto del dinero, de la banca. A pesar de que la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid haya declarado que no habrá “ni un euro de dinero público” para Eurovegas, no conviene olvidar los 258.000 millones de euros de avales públicos del Estado español a la banca privada aprobados para 2012, además de los demás avales e inyecciones directas que desde 2008 el Estado ha aportado a este sector. Así es como, además de los miles de millones de gastos en infraestructuras y exenciones fiscales, habrá financiación pública, en el mejor de los casos indirecta, de esta inversión con paracaídas.

Postales laborales: el empleo a cualquier precio

Más de cinco millones de personas desempleadas, sumado a la lógica desesperación por conseguir de forma urgente un puesto de trabajo, favorece que algunos representantes políticos pongan en marcha un discurso chantajista que instrumentaliza esta situación y legitima un retroceso sin precedentes en las condiciones de contratación y empleo de la población potencialmente trabajadora de este complejo.

La hipotética creación de empleo es el único argumento esgrimido por las autoridades públicas para vender Eurovegas, aunque es importante mencionar el continuo baile de cifras, lo que ha generado toda clase de suspicacias sobre su veracidad: se prometen nada menos que 260.000 puestos de trabajo entre directos e indirectos. ¿Es posible que la cantidad de puestos de trabajo que se creen en el macrocomplejo sea ocho veces la de LVSC en todo el mundo? ¿Es viable que esta cuantía sea prácticamente similar a los empleos en todo el sector servicios de Las Vegas, Nevada? ¿Se están teniendo en cuenta en estas infladas estimaciones los puestos de trabajo que se destruirían en el territorio de destino?

Existe otro elemento clave a tener en cuenta y del que no se escucha hablar ni debatir entre los actores involucrados en la negociación: la calidad de estos empleos. La precarización extrema y vulneración del derecho a sindicarse dentro del complejo (cabe recordar que LVSC prohíbe a sus empleados afiliarse a los sindicatos) serán parte intrínseca de estos puestos de trabajo. Es posible incluso que al inversor no le parezca suficiente “flexibilización” laboral la última reforma laboral promovida e implementada por el actual Gobierno central. En definitiva, precarización extrema, esclavitud moderna en la globalización económica.

Postales medioambientales: en tiempos de crisis el medioambiente es secundario

En tiempos de crisis y “austeridad” también la legislación ambiental está en un segundo plano. La prioridad parecen ser los indicadores macroeconómicos, como si éstos no dependieran del saqueo, el deterioro del territorio y la sobreexplotación de los recursos para poder continuar en su absurda andadura hacia el crecimiento infinito.

En este sentido, las conclusiones que aporta el Informe Medioambiental y Territorial realizado por la Plataforma Eurovegas NO son contundentes para calificar Eurovegas como una iniciativa inasumible e insostenible para el territorio madrileño. Calculados a partir del modelo de LVSC en Macao, China, y basándose en estimaciones a partir de los datos que se han conocido a través de la prensa, el Informe afirma que los impactos ambientales derivados de Eurovegas serían, además de profundos, irreversibles.

Entre otros datos, indica que los hoteles propuestos para Eurovegas serían más altos que las torres del Área de Negocios Cuatro Torres, las más altas de la Comunidad Autónoma de Madrid. Las 300 hectáreas de estos edificios habría que sumar las cerca de 150 que ocuparían los 3 campos de golf que incluye el proyecto. Estas 450 hectáreas equivaldría a la utilización de una superficie de suelo similar a 4 veces la extensión del Parque de El Retiro. A la modificación y el incumplimiento flagrante de la normativa urbanística vigente en la Comunidad, hay que añadir la hipotética pérdida de millones de hectáreas de suelo público. Además, es importante la contaminación atmosférica procedente de duplicar la cantidad de visitantes internacionales, previsión de las Administraciones Públicas, y las emisiones de CO2 derivadas del conjunto de las infraestructuras.

En materia de energía, Eurovegas supondría una demanda energética exacerbada, similar a la de una ciudad como Zaragoza. Asimismo, supondría un aumento del 7% de la cantidad de residuos que se generarían en la región. En cuanto a los recursos hídricos habría un claro despilfarro, con un consumo de agua que alcanzaría el de una ciudad de 70.000 habitantes o similar al caudal ecológico del Río Jarama.

De esta forma, el macroproyecto Eurovegas, que supone redoblar la apuesta por un modelo económico sustentado en la construcción y el turismo de masas insostenible, puede señalarse como un claro ejemplo de agresión contra el territorio.

Postales legislativas: las reglas de juego, “vamos a cambiar todas las que haga falta”

Finalmente, para satisfacer las exigencias de la empresa transnacional, la puesta en marcha de esta iniciativa empresarial exigiría, como condición sine qua non, un cambio del marco legislativo español. Esto sentaría un peligroso precedente para la economía y la sociedad españolas, principalmente en cuanto a las exigencias que futuras inversiones puedan pedir para hacerse efectivas, y un agravio comparativo para las empresas y proyectos ya instalados en el territorio. Por citar algunos ejemplos: la Ley de Extranjería, Ley Anti-tabaco, Ley del juego, Ley de prevención de blanqueo de capitales, el Estatuto de los trabajadores, el permiso de entrada a menores de edad, Ley de enjuiciamiento civil, la legalización del ya mencionado sistema de Junkets, entre otros.

Es interesante, como contraste, señalar que si una parte de la ciudadanía o de la sociedad civil quiere promover algún cambio o iniciativa legislativa debe iniciar un largo y complejo proceso, que va desde la búsqueda del apoyo popular a dicha iniciativa, hasta la discusión y aprobación por parte del poder legislativo. Para Las Vegas Sands Corporation la cuestión parece ser mucho más sencilla. En tiempos de mercadocracia, cambiar las reglas del juego de aquello que debería ser democracia depende del dinero con que se cuente para ello: es el mercado el actor que pone las reglas de juego, exige los recortes de derechos y el desmantelamiento del Estado de Bienestar.

En el nombre de la libertad, de unos pocos

Pero: ¿a qué necesidades responde realmente este estado de excepción? ¿Quiénes serían las partes beneficiarias de esta isla fiscal, laboral y medioambiental? No queda duda de que este megaproyecto tiene como objetivo resucitar y llevar hasta las últimas consecuencias la burbuja inmobiliaria y financiera.

En primera instancia, el negocio de Eurovegas es la construcción del complejo. No está de más observar algunos datos como la evolución del valor en bolsa de Metrovacesa, una de las propietarias de los suelos de Alcorcón, que en sólo dos semanas incrementó su valor bursátil un 110% o las propias acciones de LVSC que desde su anuncio del proyecto en Madrid han venido incrementando su valor de forma sostenida.

Poco a poco vamos descubriendo cómo todo este entramado viene extendiéndose bajo el faro del fomento del consumismo, el crecimiento económico y la supuesta creación de empleo a cualquier precio. Los ocupantes del poder político, de un color y de otro, llevan años negociando a espaldas de la ciudadanía un megaproyecto en el que las condiciones son desde todo punto de vista inaceptables para la sociedad civil, ya que sólo responde a los intereses de una minoría privilegiada y va en detrimento de la mayoría de la ciudadanía. Durante este opaco proceso, se ha vulnerado constantemente el derecho a la información y tampoco ha existido ningún cauce de participación de la ciudadanía en el debate y la toma de decisiones sobre este proyecto, tal y como enfatiza el Informe de Transparencia de la Plataforma Eurovegas No. Por el contrario, estamos siendo testigos directos de las actitudes serviles de quienes supuestamente representan el interés general de la población.

Esta vuelta radical hacia los “negocios de expectativas”, el alma de la especulación urbanística, inmobiliaria y financiera, es el resultado de una “democracia tutelada” y de una política subsumida por la economía. O, dicho de otra manera, de la disposición de las vidas de las personas y los territorios para beneficiar a una élite que se reparte los cada vez más escasos recursos.

En lugar de apostar por un modelo más racional, humano y solidario, por un modelo que ponga a la vida en el centro y a la economía al servicio de la vida, lo que se plantea, en última instancia, es una fórmula anti-crisis por lo pronto paradójica: para salir de la crisis profundicemos el modelo que nos condujo hasta ella… para salir del pozo, sigamos cavando.

Notas:

[1] Para el momento que comenzamos a escribir este artículo, Las Vegas Sands Corp. (LVSC), empresa promotora de Eurovegas, había emitido ya un comunicado oficial en el que anuncia que el proyecto se llevará a cabo en la Comunidad de Madrid, sin embargo, continuamos todavía con la incertidumbre acerca de cuál de los tres emplazamientos previstos será escogido finalmente: Alcorcón, Valdecarros o Paracuellos del Jarama. Las autoridades madrileñas “han ganado la partida” a las catalanas por este proyecto, aunque por lo visto parece ser que Eurovegas no es el único paradigma de un modelo especulativo y de ladrillo al que las Administraciones insisten en apostar. El anuncio por parte de la Generalitat de Catalunya de la puesta en marcha del Barcelona World en Tarragona o en Murcia la posible construcción del Parque Paramount, dan cuenta de ello.

Bibliografía:

Eurostat. (2009). Population and social conditions. Statistics in focus.
Plataforma Eurovegas NO, (2012):Informe económico y fiscal sobre Eurovegas.
Plataforma Eurovegas NO, (2012): Informe de transparencia y participación.
Plataforma Eurovegas NO, (2012): Informe territorial y ambiental.
Plataforma Eurovegas NO, (2012): Informe turismo.
Plataforma Eurovegas NO, (2012): Informe de costes en infraestructuras.

http://www.albasud.org/noticia/es/340/eurovegas-o-las-postales-de-una-crisis

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Eurovegas como política industrial
José Fernández-Albertos, eldiario.es, 17/09/2012
Dos son los argumentos usados por los defensores de Eurovegas. El primero, que los poderes públicos no deberían interferir en las decisiones empresariales de los inversores privados. Si alguien quiere montar un casino en un descampado de Madrid, ¿por qué impedírselo? Suena razonable, pero es un argumento que no tiene sentido aplicar en este caso. No estamos hablando de poderes públicos que “dejan” gastarse su dinero a un inversor privado que sigue las normas establecidas. Estamos hablando de unos poderes públicos que ofrecen privilegios a un inversor ( recalificando terrenos y concediendo exenciones fiscales) y que incluso parecen estar dispuestos a llevar a cabo cambios legislativos o incluso a condicionar decisiones políticas futuras a cambio de que dicha inversión acabe llevándose a cabo.
Lo que los poderes públicos están haciendo en Eurovegas tiene un nombre, y es “política industrial”: el Estado selecciona unas determinadas inversiones y decide otorgarle unos privilegios especiales que no da al resto. Es evidente que el gobierno de la Comunidad de Madrid no facilita el acceso a terrenos, ni concede exenciones fiscales, ni promete cambiar las leyes que les molestan o limitar la competencia a cualquier iniciativa empresarial. Sí, ya sé que el liberalismo, ideología con la que muchos siempre asociarán a Esperanza Aguirre, ha sido siempre hostil a la “política industrial”. Un liberal cree que el estado no tiene mejor información que el mercado sobre qué inversión es socialmente más productiva, y por tanto debería evitar privilegiar unas inversiones sobre otras. Un liberal hubiese dicho que si hay empresarios que hacen sus negocios sin recibir terrenos gratis, sin obtener privilegios fiscales, y sin capacidad de modificar las leyes que no son de su agrado, a Adelson no se le debería haber concedido ninguno de esos privilegios. Pero no estamos hablando de un liberal. Estamos hablando de Esperanza Aguirre.
Esperanza Aguirre ha mostrado en esta última decisión que, a pesar de lo que diga en sus discursos, cree en la política industrial. Creen que es bueno que el Estado intervenga privilegiando a determinados empresarios sobre otros con el fin de fomentar un determinado tipo de inversiones, supuestamente porque estas inversiones son socialmente más beneficiosas que las demás. Y este es, en esencia, el segundo argumento a favor de Eurovegas. Como creará empleo, merece la pena que le demos este trato especial. (Sí, ya sé que el primer argumento y el segundo son contradictorios entre sí a pesar de estar defendidos por la misma gente, pero qué le vamos a hacer).
Yo no soy un fundamentalista liberal y creo que, en determinadas circunstancias, la política industrial puede tener todo el sentido del mundo. Resumiendo mucho una larga literatura sobre cuáles son las condiciones bajo las cuales el apoyo público a determinadas proyectos empresariales puede estar justificado, la condición clave para que esto ocurra es que la rentabilidad económica agregada de esas inversiones excedan al beneficio individual que el empresario individual pueda obtener de ellas (en jerga académica, que haya “externalidades positivas”). Por ejemplo, la inversión en energías renovables está en esta categoría porque parte de los beneficios que estas energías generan (un medio ambiente más limpio, entre otras) no pueden ser “apropiados” por los inversores que instalan paneles solares o molinos de viento.
Conviene sin embargo no minusvalorar los peligros de una interpretación extensiva de la idea de “política industrial”. La historia nos ofrece multitud de ejemplos en los que las ayudas estatales a determinadas inversiones, envueltas en la defensa de los más nobles objetivos generales, han acabado convirtiéndose en meros subsidios públicos a sectores social y económicamente improductivos. Y la razón suele ser siempre la misma: si la supervivencia de una inversión depende de los favores de los poderes públicos, el inversor estará tentado de esforzarse no en ser más eficiente y productivo, sino en cultivar el trato político favorable que lo mantiene vivo. No es casualidad que muchas políticas industriales acaben degenerando en una forma de corrupción destinada a garantizar la extracción de rentas por parte de sectores económicos privilegiados.
En el caso de Eurovegas, ¿deberían pesar más los supuestos beneficios sociales no susceptibles de ser apropiados por el inversor (que justificarían las ayudas de las que se beneficiará Adelson), o el riesgo de que el trato de favor otorgado por el sector público acabe degenerando en una extracción de rentas de manera crónica por parte de un inversor privado?
A mí se me escapan cuáles serían las externalidades positivas que genera la presencia de un macrocasino. Es un sector que no importa nuevas tecnologías ni que genera capital humano que pueda resultar valioso para emprender otras actividades económicas de alto valor añadido. Más bien, como muchos estudios han señalado, la presencia de casinos está más bien asociado a costes sociales, esto es, a externalidades “negativas”: incremento de las adicciones al juego, del crimen y la prostitución. Si así fuera, la teoría económica nos dice que lo que deberíamos hacer no es promover, sino penalizar fiscalmente y/o regular de manera más estricta estas actividades.
¿Y qué decir del riesgo de captura? Este es quizá el punto que menos se ha discutido sobre Eurovegas, y que creo que acabará siendo el más importante. De hecho, la exigencia de rentas futuras parece que ya ha empezado, incluso antes de poner la primera piedra del complejo. ¿Cómo de ingenuos tenemos que ser para pensar que Adelson, que ha indicado que está dispuesto a gastar hasta 100 millones de dólares en la actual campaña electoral norteamericana (25 veces más que el tope legal de gasto que un partido político puede hacer en una campaña autonómica en la Comunidad de Madrid) no usará sus recursos para influir en el proceso político y continuar extrayendo rentas del resto de los madrileños una vez que Eurovegas exista? Este además no es un sector cualquiera: la excepcional dependencia de los casinos de las regulaciones públicas hace que este sea un sector particularmente proclive a tratar de influir directamente en política. Sorprende que en el debate sobre la corrupción y la transparencia, dominado por propuestas inútiles como en torno al número de diputados o concejales, reflexionemos tan poco sobre las previsibles consecuencias que tendrá la llegada de mastodontes como Eurovegas para la calidad de la política local, regional e incluso nacional. Y no olvidemos que es la existencia de sistemas políticos capturados por intereses particulares lo que verdaderamente lastra el crecimiento y el desarrollo económico en el largo plazo.
La última gran decisión del gobierno de Esperanza Aguirre no sólo ha sido una sorprendente apuesta por la política industrial. Ha sido una apuesta por la peor política industrial posible, fomentando inversiones en sectores que no deberían necesitar de ayudas públicas, y poniendo las semillas para que mañana haya grandes rentistas que sigan gozando de la protección estatal viciando el funcionamiento del sistema político y económico. Bravo.
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La ruleta ya está girando
Isaac Rosa, eldiario.es, 12/09/13
Todavía no ha puesto Esperanza Aguirre la primera piedra de Eurovegas, pero la ruleta ya ha echado a rodar, la bola gira a gran velocidad y en cualquier momento se detendrá en una casilla, así que hagan sus apuestas, acérquense a la mesa y coloquen sus fichas, que empieza el juego.
¿Cuánto apuestan a que la bola cae en la casilla “Si Adelson no consigue reunir el 70% de financiación que necesita, las administraciones central y regional le avalarán”? ¿Cuánto a que cae en la casilla contigua de “En caso de conseguir la financiación, también le darán avales públicos”?
Vamos, señora, no sea tímida, veo que está dudando si colocar sus fichas en el recuadro de “El Gobierno acabará permitiendo todas las excepciones legales que Adelson pida”, o si apostar por el de “En vez de hacer excepciones para Adelson, convertirá en ley sus demandas”.
Ah, veo que varios jugadores amontonan sus fichas en la misma casilla: la de “Pagaremos con nuestro dinero todas las infraestructuras que Eurovegas pida”. No se peleen, que hay mucho donde apostar. Ahí tienen otra con premio seguro, la de “Las mafias se están ya frotando las manos”. ¡Total, este es un país donde las mafias locales y foráneas se sienten tan en casa que hasta un padrino quiso comprar el fallido aeropuerto de Ciudad Real para aterrizar sus aviones cargados de coca!
Huy, huy, atención, que la bolita ha estado a punto de detenerse en la casilla de “Todo el trabajo que cree Eurovegas será basura”, y ha saltado a otra próxima, la de “Todo el trabajo que se cree en España será basura”.
¿Alguien quiere apostar a que la bolita caerá en la casilla de “El capitalismo nacional hará buenos negocios con Mister Adelson”? ¡Venga, que es ganancia segura! Ahí están ya algunas inmobiliarias propietarias de terrenos en la zona, que desde que el magnate anunció la feliz noticia se han disparado en Bolsa con un burbujeo que recuerda los mejores años de nuestro bendito ladrillo; o las principales constructoras, con cuyos directivos ya se reunieron los crupieres en su última visita a Madrid.
Atentos a la bolita, que cada vez va más lenta y parece mostrar querencia por la casilla de “No tardarán mucho otras empresas en pedir el mismo trato que Adelson para sus negocios”.
¡Un momento, un momento, un poco de orden, respeten su turno, que todos no pueden apostar a la misma casilla, la de “Si Eurovegas fracasa, la broma la pagaremos entre todos”.
Hagan juego, señores, hagan juego, y no olviden la leyenda inscrita a la entrada de este establecimiento: pase lo que pase, la banca siempre gana. No, eso no está escrito en la puerta del casino. Está inscrito, con letras doradas, a la entrada de España.
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Madrid vs Barcelona, un nuevo reto
Por Gustavo Duch, abril 2012
¿Saben aquí, en su América Indígena y Latina, que en España asistimos a una nueva competencia Madrid vs Barcelona? No es la liga de futbol ni la del baloncesto, ni la distinción por ser Capital Verde Europea. Las dos ciudades compiten estos días por recibir entusiasmadísimas e impacientes la edificación de un complejo turístico y de juego que quiere ser réplica de Las Vegas. A falta de ubicación el bautizo ya se ha oficiado: Eurovegas.
Un nuevo duelo de nuestra clase política que, envidiosa de ronaldos y messis, se imaginan en las telenoticias con tijeras doradas cortando cintas inaugurales (costumbre también de viejos dictadores que nunca pasan de moda), pronunciando discursos grandilocuentes con fuegos artificiales de fondo mientras el público aplaudimos sus genialidades. Igual en Madrid que en Barcelona, pues de partidos políticos diferentes, sueñan sueños iguales.
¿Los motivos de tal proyecto?
En un admirable ejercicio de imaginación el Mausoleo Las Vegas vendrá a rescatarnos de la crisis, a inyectar fondos a las arcas públicas y generar empleo directo para 200.000 personas y 100.000 más en indirectos. Una lluvia de dólares, que llegaría como un regalo envuelto en progreso que sólo los falsos progresistas ―dicen― se atreven a cuestionar.
Pues sí, cuestionemos ¿falsos progresistas o falso progreso? Porque más y más rascacielos para jugar a tocar el cielo es progresar a peor. Lo sabemos, científicamente está probado que el crecimiento perpetuo sólo lleva al abismo. Cuando las visiones más visionarias (y el sentido común con más sentido) nos presenta alternativas al crecimiento sin ton ni son, Madrid y Barcelona se ciegan por una inversión al estilo del Viejo Oeste. Cuando el ciclo capitalista está acabando, Madrid y Barcelona quieren ser su capital, sin entender que la agraciada será un simple cementerio.
También la Historia con su particular mano dura desmonta estos mitos y ensoñaciones. Setenta años después de la construcción de Las Vegas, el estado que la resguarda, Nevada, ocupa las últimas posiciones en calidad escolar, en salud de su ciudadanía y en proporción de jóvenes con título universitario de la Unión. En cambio, es abochornada medalla de oro en desocupación y paro, medalla de plata en ejecuciones hipotecarias y medalla de bronce en crímenes.
El Capital inversor ya ha exigido modificaciones en las leyes laborales y de fiscalidad. Como buenos tahúres en la primera mano han empezado muy fuerte, con un gran farol: ¡centenares de miles de puestos de trabajo!, cuando en realidad serán pocos, precarios y sin futuro. Y como los libros de cuentas los llevará el contable de Al Capone, tienen que hacerse algunos retoques jurídicos para facilitar su trabajo. Efectivamente, como en el Viejo y lejano Oeste, la ciudad elegida deberá de ser ciudad sin Ley.
¿Y por qué España? Dicen que por el buen clima y el buen trato, y es cierto. Aquí y ahora con las arcas del Estado en subasta especulativa, el clima para estos negocios de casino es el mejorcito. Y el buen trato deparado a timadores y tramposos se cuenta en las guías turísticas como algo digno de conocer.
La candidatura de Barcelona, además y loquita por agradar, ha ofrecido en la permuta 250 hectáreas de sus mejores terrenos agrícolas periurbanos en el Delta del Llobregat. Lo vocean nuestros representantes políticos ―”se cambia paraíso agrario con sus payeses y payesas, por un paraíso fiscal de evasores de impuestos y las cartas marcadas”. Una mala jugada, porque sustituir alcachofas, zanahorias o puerros por campos de golf, ruletas y macrosalas de eventos puede parecer adelanto, pero es sólo un comic de ciencia ficción.
Pero Sr. Sheldon Adelson, propietario de estos negocios, ―inversiones, dice la clase política española que le está cortejando, -sepa que le esconden una información clave a la hora de tomar su decisión. La población de Madrid y Barcelona no son títeres de sus administraciones y su iniciativa desafía a un invencible ejército de cucarachas que de un proyecto de precariedad laboral, injusticia fiscal, destrucción ambiental y desigualdad social, hará un sueño imposible.
Los diccionarios de una nueva humanidad ya tienen las primeras galeradas. «Casino: dícese del hábitat natural del Capitalismo, donde anidaban especuladores, derrochadores, estafadores y otros pájaros extintos».
Accede al blog de Gustavo Duch:
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Ensayo sobre las implicaciones urbanísticas del modelo Las Vegas y su encaje en nuestro territorio
Por Sara González, profesora de Geografía en la Universidad de Leeds (Reino Unido)
La perpetuación de un modelo caduco
El megaproyecto Eurovegas de casinos, campos de golf, hoteles y centros de convenciones que el magnate americano Sheldon Adelson propone traer a España no es una aberración inaudita, sino uno más en la saga de megaproyectos que España ha coleccionado en los últimos años y que son la punta del iceberg del modelo económico que nos llevó a la crisis en primer lugar.
Se trata del urbanismo del megaproyecto o del pelotazo, forma parte del repertorio más amplio del neoliberalismo, un conjunto de ideas sobre cómo organizar la economía que ha marcado a los gobiernos occidentales desde los años 70.
La idea clave del neoliberalismo es que el libre mercado es la mejor forma de organizar la economía y la sociedad, es decir, desde la Educación a la Sanidad, todo se debe dejar en manos de la iniciativa privada. Cualquier restricción al libre intercambio (léase controles sociales sobre el mercado) debe desmantelarse de acuerdo al pensamiento único: la maximización del beneficio y el crecimiento económico sin límites.
Esta lógica neoliberal crea por sistema disparidades sociales y económicas; los ricos son cada vez más ricos aumentando la brecha social en Occidente y entre Norte y Sur (de la mano de su hermana la globalización) y tiene consecuencias ambientales irreparables (“no se puede crecer infinitamente en un planeta finito”).
¿Cómo se aplica la ideología del neoliberalismo al urbanismo?
Según todas las informaciones que van llegando sobre el comúnmente conocido como Eurovegas, éste será otro parque temático más del neoliberalismo. Veamos cómo se concretan los rasgos del urbanismo neoliberal a través de este modelo.
Sabemos que el magnate Sheldon Adelson es un ferviente defensor del libre mercado. Ahora mismo sufraga con millones de dólares a los candidatos más reaccionarios de las primarias estadounidenses y es conocido por financiar fundaciones que promueven la ideología del libre mercado. Normal entonces que los políticos del PP o de CiU se encuentren a gusto en su compañía. Como decía una pancarta en una de las manifestaciones en contra del proyecto: “Eurovegas prefigura el país que el PP busca”.
Una condición clave del proyecto neoliberal es el abaratamiento del coste de trabajo, que es una rémora para el beneficio empresarial. No nos sorprende entonces que una de las razones por las que Adelson confiesa haber elegido España es por su alto nivel de desempleo que hace a las autoridades más dóciles a rebajar las condiciones laborales y a los trabajadores/as a aceptar sueldos mas bajos. Sabemos también que Sheldon Adelson tiene una especial antipatía por los sindicatos. Su casino en las Vegas es el único en el que no se permite a los trabajadores estar afiliados al sindicato Culinary 226 que agrupa a la mayoría de los trabajadores/as en Las Vegas. Para su complejo en España, Adelson ya ha especificado que se debería cambiar el Estatuto de los Trabajadores (a la baja, claro). Todo augura a unas condiciones de trabajo que dejan mucho que desear.
El libre mercado ¿para unos pocos?
La competición entre ciudades y regiones por atraer inversiones externas también es un síntoma típico del urbanismo neoliberal; es lo que estamos viendo entre Madrid y Barcelona. La ciudades se enzarzan en una “carrera a la baja” (race to the bottom) donde se compite por ofrecer condiciones cada vez más atractivas para la empresa externa, rebajando los estándares medioambientales, laborales o fiscales. Lo que importa es ofrecer el mejor “clima empresarial” posible. Asistimos a una especie de espectáculo de la subasta a la baja de las ciudades.
Estos mega-proyectos neoliberales suelen aterrizar como paracaidistas, se imponen y tienen poco arraigo positivo al territorio. Eurovegas representa un modelo de extracción de recursos y riqueza con dudosas contrapartidas. Los números de creación de empleo que las autoridades han anunciado ya han sido cuestionados por las plataformas ciudadanas que se oponen al proyecto (por ejemplo, Adelson tiene a 36.000 directamente empleados en todos sus complejos de tres ciudades del mundo mientras que para el Las Vegas cañí se está hablando 200.000 puestos).
Pero hay más. Los defensores del proyecto también han intentado lavar la cara al megaproyecto diciendo que Eurovegas será más bien un complejo de ocio con énfasis en las convenciones y los ressorts deportivos, y que los casinos supondrán tan sólo el 3% de la superficie del complejo. Sin embargo, en el modelo de empresa de Adelson está claro que el negocio del casino es el motor económico. En Las Vegas, Adelson se especializó en incorporar centros de convenciones, pero los hoteles y convenciones no son más que una estrategiael 75% de los ingresos provienen del juego. más para retener a cuantos más posibles jugadores/as cerca de las mesas de juego. Y si estudiamos el informe anual de la empresa encontramos que se vende así como una especie de gran centro del ocio donde las miles de tragaperras en linea o los casinos con forma de réplicas de monumentos son un atractivo turístico: se argumenta por ejemplo que en las Vegas sólo el 13% diceel 87% lo hace, lo que tira por tierra la idea del reclamo turístico. Otro modelo de ocio y turismo es posible. (reconoce) ir a jugar; pero sin embargo
En Macao por ejemplo Adelson ha hecho una réplica de Venecia
Pocos beneficios para un territorio muy castigado por el urbanismo salvaje
Los políticos dicen que este proyecto podría solucionar el desempleo en las áreas donde se ubique pero el hecho que que Adelson ha pedido que se cambie la Ley de Extranjería nos da ya la clave de que muchos trabajadores/as se importarán del extranjero (con todo el respeto a los y las inmigrantes), con peores condiciones laborales y alojados en complejos residenciales desconectados del territorio (Adelson ha dicho que construirán viviendas, pero, ¿para quién, si los trabajadores locales ya tienen casa?). Y además hay estudios que alertan de la adicción de los propios trabajadores/as de casinos al juego.
A todos estos mitos y medias verdades hay que añadir el de que algo así nos va a sacar de la crisis. Estos días tenemos que escuchar como algunos plañen porque Eurodisney no se quedó en Catalunya. Pero ante una afirmación de este tipo cabe preguntarse: “¿Habría evitado Eurodisney la crisis por la que pasa la sociedad catalana?” La crisis actual afecta a pequeñas y medianas empresas, que no se van a ver precisamente beneficiadas por Eurovegas (los y las visitantes del complejo lo harán en detrimento de otros establecimientos); un megaproyecto autoreferencial que busca ofrecer todos los servicios dentro de sus fronteras. Es decir, un parque temático de la succión y extracción de riqueza a manos de muy pocos.
Además, aunque no tuviera ningún “pero” a nivel socioeconómico, se trata un urbanismo ya no poco sostenible, si no anti-sostenible. En España y sobretodo en comunidades como Madrid y Catalunya ya ha habido un sobre-desarrollo urbanístico, construcción descontrolada de viviendas, centros comerciales, aeropuertos, etc. que generan suburbanización, más carreteras y más viajes en transporte privado (ver informe de Greepeace “Destrucción a Toda Costa”). En cualquiera de las dos ubicaciones (Madrid o Barcelona) Eurovegas empeoraría estas condiciones. Y hay que añadir que Adelson ha pedido que las conexiones de transporte con el complejo serían pagadas por las autoridades españolas. Es decir las infraestructuras necesarias para este proyecto privado, pagadas con dinero público.
Marina d’Or es un ejemplo de urbanismo descontrolado, poco integrado y especulativo
La puerta de atrás de los casinos…
Poco se ha hablado del impacto medioambiental del proyecto. Independientemente del lugar de destino (que puede tener unos determinados valores medioambientales) la huella per se, de un proyecto de estas características sería enorme, desde su construcción (el cemento es una de las industrias más contaminantes) hasta el aumento de las emisiones de CO2 por los desplazamientos aéreos de los y las posibles visitantes que llegan en avión de otras partes del mundo, o la pérdida de zonas agrícolas, sumideros de carbono.
¿Quién se hará responsable del impacto medioambiental?
Parece que las autoridades españolas, o sea, todos, porque Adelson ya ha pedido que se cubra el 100% de sus inversiones en mejora medioambiental por 5 años. Y por supuesto los vecinos/as de la zona, que van sufrir lo que nadie les compensará: contaminación acústica y atmosférica (por el tráfico aéreo), contaminación lumínica (Las Vegas es la ciudad que nunca duerme), pérdida de zonas verdes, etc..
Eurovegas no puede ser la solución a la crisis: representa precisamente la clave del problema. El urbanismo neoliberal no es más que la otra cara del urbanismo de la austeridad (desahucios, viviendas vacías e inaccesibles, recortes de servicios, etc.) que miles de ciudadanos/as de España y el resto de Europa están sufriendo. Megaproyectos como Eurovegas están basados en la especulación inmobiliaria y la espiral de deuda financiera (implica más endeudamiento, Adelson ha pedido al gobierno español que le avale un crédito millonario): en resumen, todos los ingredientes del cóctel fatal que han llevado a Europa a la debacle neoliberal sin salida previsible.
No a Eurovegas – ni en Barcelona ni en Madrid

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